Desde el 1 de octubre, todos los niños y niñas usuarios del transporte escolar en la localidad de Escalona pueden ir al colegio y al instituto en autobús porque el Ayuntamiento les ha proporcionado este servicio.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Escalona ha contratado los autobuses necesarios para que los cerca de 150 niños afectados por la eliminación del transporte escolar, decretada por el Gobierno regional que preside María Dolores de Cospedal, puedan ir al colegio.
Y lo ha hecho haciendo uso del sentido de la responsabilidad, garantizando el transporte escolar con base en la justicia social, a pesar de que la competencia en materia de Educación es exclusiva de la Junta de Comunidades y el transporte escolar en localidades como Escalona, también.
Desde el Ayuntamiento de Escalona no vamos a consentir que los estudiantes de nuestro pueblo no puedan ir al colegio y no puedan ejercer su derecho constitucional a la Educación. Algo que no había ocurrido nunca hasta que llegó Cospedal al gobierno de Castilla La Mancha.
Por ello, hemos contratado 3 rutas de autobuses (1 para el instituto y 2 para el colegio) y dos monitoras (una para cada autobús del colegio) que solucionan el problema creado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Pero como Gobierno municipal responsable, no vamos a desistir y no vamos a consentir esta injusticia y vamos a obligar a que el Gobierno de Castilla-La Mancha asuma sus responsabilidades a través de los tribunales.
En los próximos días vamos a presentar las acciones legales correspondientes para que se reconozca la obligación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de prestar el servicio de transporte escolar.
Y también vamos a reclamar que se reintegre al Ayuntamiento de Escalona todas las cantidades sufragadas por este concepto.
Acciones legales que se basan en la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales por vulneración del artículo 14 (igualdad ante la ley) en relación con el artículo 27 (derecho a la educación) de la Constitución Española.
La actitud del Gobierno de Cospedal es discriminatoria y atenta contra el derecho fundamental a la educación por el que los poderes públicos competentes tienen que garantizar a todos los alumnos en edad escolar obligatoria el derecho a la Educación de forma gratuita.
Y el transporte escolar es inherente a ese derecho a la Educación.
Un derecho que no respeta el Gobierno de Cospedal al no hacerse cargo de los alumnos y alumnas que residen en el municipio de Escalona en urbanizaciones dispersas, a varios kilómetros del casco urbano y del colegio, que se enfrentan a barreras físicas que dificultan la ruta a pie y que supone un grave riesgo para la seguridad e integridad del menor.
Un claro supuesto, por otra parte, de la excepcionalidad que nos hace acreedores de la prestación y gratuidad del servicio de transporte escolar por parte de la administración competente y responsable de ello: la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Ayuntamiento de Escalona está y estará al lado de sus vecinos. Y en este caso ha estado, está y estará al lado de los padres y madres que piden justicia para con sus hijos.
